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XVII
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES
FINANCIERAS (FIBAFIN)
ORGANIZADO
POR LA ASOCIACIÓN DE LA BANCA ESPECIALIZADA
Discurso del
Presidente del Banco Central de la República Argentina,
Dr.
Aldo Rubén Pignanelli
Buenos Aires,
7 de noviembre de 2002
Volatilidad de los Mercados
Financieros.
La
volatilidad financiera ha sido un rasgo distintivo del contexto en el que
se desenvolvieron las economías emergentes y en particular las
latinoamericanas durante gran parte la década de los noventa. Luego de
haber observado influjos de capitales de grandes magnitudes en estas
economías durante la primera parte de la década, hacia el final y en
especial luego de la crisis rusa de 1998, se ha observado una fuerte
reversión de los flujos financieros. La rapidez y magnitud de esa reversión,
así como su prolongada duración ha afectado fuertemente la estabilidad
macroeconómica de la región, induciendo severos ajustes externos
a través de fuertes correcciones del tipo de cambio real en muchos
de los países.
En
nuestras economías suele haber una elevada correlación entre los
influjos de capitales y el crecimiento. Por ello las salidas de capitales
o la reducción de las entradas suelen traducirse en menor crecimiento
económico. Esta vulnerabilidad del crecimiento a los cambios en la
disponibilidad de financiamiento externo se debe en gran medida al
limitado desarrollo de los mercados financieros domésticos y a la escasez
de ahorro interno para financiar la inversión. Dado que el desarrollo de
estos mercados es un proceso que seguramente demandará largo tiempo,
nuestros países deben encontrar el modo de convivir con esa
vulnerabilidad y al mismo tiempo, crecer. Es decir, deben desarrollar políticas
que atenúen el impacto de shocks tanto financieros como reales sobre la
actividad económica interna.
La
creciente vulnerabilidad a los flujos de capitales de los países
emergentes está evidenciada por la cantidad y severidad de las crisis
externas que han tenido lugar en los últimos años. Basta con mencionar
los casos de Tailandia, Malasia, Corea, Filipinas e Indonesia en 1997, la
de Rusia en 1998, las de Brasil y Ecuador en 1999 y las de Turquía y
Argentina en 2001, para reflejar la diversidad de países emergentes que
han sufrido los efectos de severas crisis externas.
La
crisis Argentina y el ajuste externo al que llevó es de una dimensión
quizás sólo comparable al caso de Indonesia. En el caso argentino hubo
una conjunción de factores que hicieron particularmente vulnerable al país
y contribuyeron a ampliar el impacto de los sucesivos shocks que lo
afectaron.
Como es usual, el tipo
de cambio fijo tendía a maximizar los efectos de las fuertes entradas de
capital sobre el nivel de actividad y sobre el crecimiento del crédito
doméstico. Pero ello mismo elevaba la vulnerabilidad de la economía a
una posible reversión en los flujos de capital. En materia bancaria se
vivió una situación paradójica.
Por un lado, se tendió
a tener políticas prudenciales conservadoras si se las mira desde la óptica
de los criterios de Basilea: elevados requisitos de capital y de liquidez.
Tan es así, que un estudio del Banco Mundial ubicó a las regulaciones
prudenciales de Argentina en el segundo lugar (después de Singapur) en un
listado de 12 países emergentes. Incluso Anne Krueger reconoció que la
supervisión bancaria argentina era de las mejores del mundo.
Sin embargo, los criterios de Basilea no toman en cuenta algunas
características particulares de los países emergentes como la dolarización
financiera. En Argentina la dolarización bancaria favoreció una gran
expansión del crédito doméstico pero también implicó la generación
de una gran fragilidad financiera. El hecho de que los crecientes depósitos
en dólares se prestaran en buena medida a sectores que sólo tenían
ingresos en pesos tornaba al sistema bancario altamente vulnerable a una
depreciación real significativa del peso. Pues de requerirse un ajuste
del tipo de cambio real tales carteras activas sufrirían un fuerte
deterioro debido a la insolvencia de sus deudores.
La vulnerabilidad de
la economía argentina también aumentó debido a que no hubo la prudencia
fiscal que se requería para poder sustentar el régimen cambiario rígido.
A diferencia de Hong Kong, que con el mismo tipo de régimen
cambiario generó un elevadísimo superávit fiscal que le permitió
sobrellevar un fuerte ataque especulativo en 1997, la deuda pública
argentina aumentó, tanto en relación con el producto como en relación
con las exportaciones. Esto hacía que la inversión en títulos públicos
argentinos fuera crecientemente riesgosa. Además, las carteras bancarias
también se vieron progresivamente expuestas al riesgo soberano argentino,
por el aumento de los préstamos a los gobiernos provinciales y de las
carteras de títulos públicos, muchas de las cuales estaban en cuentas de
inversión.
El
cambio en el contexto internacional llevó a Argentina a una depresión
económica que recién ahora parece comenzar a revertirse luego de más de
cuatro años. Esta depresión desembocó en una crisis de deuda, cambiaria
y bancaria de gran magnitud. Como ya se mencionó anteriormente, la crisis
rusa de agosto de 1998, provocó una menor predisposición de los inversores a
invertir en países emergentes. Posteriormente, la devaluación brasileña
de enero de 1999 impactó fuertemente en la competitividad de la
industria, que ya venía sufriendo la apreciación del dólar desde unos años
antes debido al tipo de cambio fijo con esa moneda.
El
deterioro de la posición fiscal, motivado en parte por la recesión, así
como las dificultades que enfrentaba la economía para retornar a un
sendero de crecimiento tornó cada vez mas desfavorable la dinámica de la
deuda externa del país. En este contexto las posibilidades de
financiamiento del Gobierno a través de los mercados de capitales
internacionales se fueron agotando. Sin embargo, la estrategia del
Gobierno fue la de intentar una reestructuración voluntaria de deuda a
través de canjes, evitando así el default. Dadas las restricciones que
imponía la Convertibilidad a la monetización del déficit fiscal, esta
estrategia llevaba a que el financiamiento público pasara
a descansar en forma creciente en los bancos y los fondos de pensión,
los que enfrentaban una merma en la demanda de financiamiento del sector
privado por la caída en el nivel de actividad y en la inversión.
Sucesivas
modificaciones a las regulaciones prudenciales desvirtuaron los objetivos
para las que éstas habían sido originalmente diseñadas y se dieron en
un contexto de creciente pérdida de independencia por parte del Banco
Central, fundamentalmente a
partir de marzo de 2001. Por ejemplo, parte de las reservas internacionales que mantenían
los bancos en el exterior como integración de requisitos mínimos de
liquidez, fueron canjeados por un bono de U$S 2000 millones con
vencimiento a un año de plazo.
Además,
la falta de financiamiento del gobierno nacional hizo entrar en crisis el
sistema de coparticipación federal, llevando a la emisión de
cuasi-monedas por parte de los gobiernos provinciales y del propio
gobierno nacional.
La
percepción de un default inminente del sector público así como de una
posible salida de la Convertibilidad socavaron progresivamente la
confianza del público en el sistema financiero. Esta desconfianza se vio
acrecentada por la sustitución del financiamiento externo por
financiamiento doméstico a través del sistema financiero local, lo que
aumentaba la exposición de los bancos al riesgo soberano. Por ello no
resulta sorprendente que la caída de los depósitos durante este período
está altamente correlacionada con el aumento del riesgo país, medido a
través de la caída del precio de los títulos públicos. Simplemente
pone en evidencia que el
inversor percibió correctamente que la vulnerabilidad del sistema
financiero estaba aumentando.
Luego
de varios episodios de fuertes salidas de depósitos, en los primeros días
de diciembre se impuso una fuerte restricción al retiro de depósitos
instaurando lo que se llamó el “corralito”. Sumado a esto, se
impusieron restricciones a los movimientos internacionales de capitales,
lo que implicó un abandono “de hecho” de la Convertibilidad y agudizó
la salida de depósitos del sistema financiero pues el público percibía
que una devaluación del peso y mayores restricciones a la disponibilidad
de los depósitos eran inminentes. Los fuertes descalces de moneda de
muchos de los deudores de los bancos tornaban a éstos altamente
vulnerables a una devaluación.
Una
manera de intentar proteger sus ahorros que encontró el público, dadas
las restricciones al retiro, y con el recuerdo aún vivo del famoso
“Plan Bonex” de finales de la década del ochenta, fue mantener sus
fondos en la forma más líquida posible para ir retirándolos según el máximo
permitido. De ese modo, a medida que vencían los depósitos a plazo el público
los convertía en depósitos a la vista, llegándose a enero de 2002 con
el 50% de los depósitos a la vista.
Luego
de la crisis institucional de fines de diciembre, que dio lugar a dos
recambios presidenciales sucesivos, en los primeros días de enero de 2002
se dejó flotar el peso, y para evitar el colapso del sistema financiero
se decidió reprogramar los depósitos de ahorro, incluyendo a las cajas
de ahorro en dólares que, como mencioné, provenían de depósitos a
plazo que vencieron durante diciembre. Así nació el llamado “corralón”,
que reprogramaba una masa de más de $55.000 millones de depósitos. Además,
a principios de febrero se decidió pesificar los préstamos y depósitos.
Este cambio obedeció al reconocimiento de que una elevada proporción de
los préstamos en dólares (otorgados a individuos que no tenían ingresos
en esa moneda) se habían vuelto impagables. La pesificación de los préstamos
a su vez exigía pesificar los depósitos, pues de otra manera la
insolvencia de los bancos sería generalizada. Los préstamos fueron
pesificados 1 a 1, o sea, a la tasa de cambio de la Convertibilidad,
mientras que los depósitos fueron pesificados a la tasa de cambio de 1.40
pesos por dólar, lo que generó un serio problema en los balances de los
bancos. Por ello el efecto de la pesificación asimétrica es recompensada
a los bancos a través de un bono.
Posteriormente,
una serie de excepciones (opción de “pesificar”, excepciones por edad
y salud, uso de los depósitos para compra de bienes registrables, pago de
impuestos, cancelación de préstamos, etc.) permitieron pasar a la vista
(o sea, al “corralito”) una importante porción de los depósitos
reprogramados. Los depósitos
de ahorro que ahora estaban a la vista buscaban salir del “corralito”
para refugiarse en activos más seguros, aumentando así la velocidad del
“goteo”y presionando sobre el mercado cambiario.
Adicionalmente,
medidas cautelares motivadas por un fallo de la Corte Suprema de Justicia,
significaron una salida adicional de depósitos -valuados a $1,40 por dólar-
pero con un efecto mayor sobre la liquidez de los bancos , ya que se deben
pagar al tipo de cambio libre.
El
comportamiento del público tuvo su correlato en el mercado cambiario.
Desde comienzos de año hasta fines de octubre, el Banco Central perdió
aproximadamente US$ 5.000 millones de sus reservas de divisas en
operaciones de intervención (de los cuales más de US$ 4000 millones
fueron para pagar a Organismos Multilaterales – FMI, BM y BID), en un
intento por mantener un cierto control sobre la evolución del tipo de
cambio y su efecto sobre los precios. Esta política fue exitosa ya que en
los últimos 120 días el tipo de cambio dejó de subir y su volatilidad
se redujo notablemente. En consecuencia, entre julio y octubre el Banco
Central recuperó reservas internacionales por más de US$ 1.000 millones.
En
el transcurso de los primeros meses del año, el Banco Central implementó
un conjunto de medidas tendientes a aliviar el impacto de la crisis:
- Con el objetivo
inmediato de evitar una caída masiva de bancos y a los efectos de
reestablecer la confianza en el sistema financiero, se estableció una
política
de
liquidez para otorgar asistencia a las entidades, involucrando a los
propios bancos en la resolución de sus problemas de liquidez. En este
sentido, el Banco Central se comprometió a otorgar redescuentos por un
monto similar al aportado en efectivo por
los accionistas y un tercio en el caso de capitalización de
obligaciones. Se asistió a las entidades por más de $6.500 millones
debido a la persistente fuga de depósitos.
- Para controlar la oferta
monetaria, el Banco Central desarrolló un mercado para las nuevas
Letras del Banco Central (Lebacs). Mediante su emisión el Banco
Central esteriliza las expansiones monetarias que exceden las
tenencias de saldos reales deseadas por el público, que de lo
contrario derivarían en presiones sobre el tipo de cambio y los
precios. La utilización de este instrumento tiene así un papel
complementario a las intervenciones en el mercado de divisas.
Las tasas a las que el Banco Central coloca estos títulos ha
caído sensiblemente durante los últimos tres meses.
- Se crearon nuevos depósitos
a plazo fijo, de corta madurez (7 y 15 días), libres de las
restricciones impuestas por el corralón. Si bien desde el comienzo de
esta operatoria los bancos ofrecieron tasas bastante atractivas, los
montos operados han estado creciendo en los últimos meses, reflejando
una cierta recuperación de la confianza en la medida que la situación
macroeconómica tiende a estabilizarse.
A
partir de junio la situación
del sistema financiero se revirtió marcadamente. Se aminoró el
“goteo” hasta casi desaparecer en julio. Entre agosto y octubre
los depósitos privados aumentaron en más de $3 500 millones. En
concordancia con la detención en la caída de depósitos, la venta de
divisas por parte del Banco Central cayó a sólo US$ 230 millones en
junio, revirtiéndose en los últimos cuatro meses, cuando se compraron más
de US$ 1.000 millones. Al aliviarse la situación de iliquidez de los
bancos, se redujo considerablemente la necesidad de asistencia por parte
del Banco Central. Mientras que durante el período febrero-mayo se
otorgaron $5.900 millones en redescuentos a los bancos, ese financiamiento
se redujo a menos de$900 millones en el período junio-septiembre (sin
incluir al Banco Nación que canceló pases activos por $3.550 millones) y
un efecto positivo en octubre de 2002.
En
marzo el Banco Central presentó una primera versión del Programa
Monetario para el año 2002. Esta primera versión del programa fue
deliberadamente conservadora, con la idea rectora de mantener la
inflación moderada, contemplando proyecciones de drenaje de depósitos
bastante pesimistas. Como se señaló antes, tanto los depósitos como la
tasa de interés y el tipo de cambio nominal han tendido a estabilizarse,
mientras la inflación se ha desacelerado y muestra una tendencia
persistentemente decreciente. A la luz de estos comportamientos el Banco
Central revisó ese programa, ajustando las proyecciones a las nuevas
condiciones de la economía.
La
inflación acumulada al 31 de octubre de 2002 es del 40%, medida por IPC
Hoy
el Banco Central enfrenta una situación financiera y macroeconómica más
estable. La tasa de interés, tanto nominal como real, está reduciéndose
y su volatilidad ha disminuido, mientras que la inflación, luego de un
pico en abril, muestra una tendencia descendente. En consecuencia, la tasa
de interés real es positiva. Esta tasa real refleja un sesgo contractivo de la política
monetaria, necesaria para que el Banco Central gane credibilidad en su
empeño por no dejar que la inflación se acelere. En la medida que la
inflación continúe en descenso, como se prevé, este sesgo tenderá a
corregirse para facilitar la recuperación de la economía.
En
cuanto al sector real, los datos del segundo trimestre muestran que el PIB
ha tenido un pequeño aumento en el segundo trimestre con respecto al
primero, en términos desestacionalizados. Además, la inversión real ha
tenido una muy pequeña contracción, reflejando una fuerte desacelereración
de su caída. Los últimos meses han mostrado indicios de una incipiente
recuperación en la actividad industrial, principalmente en las industrias
sustitutivas de importaciones y en las exportadoras.

Ha
habido también una mejora en las cuentas públicas. Desde el mes de mayo
el presupuesto del Gobierno Nacional registra
un superávit primario. Esta mejora se debe en gran medida a un
aumento de la recaudación impositiva, producto de una ampliación de la
base tributaria lograda mediante la introducción de impuestos de
emergencia al comercio exterior, la eliminación de exenciones impositivas
y también como consecuencia del efecto de la inflación sobre los
ingresos nominales, frente a un gasto corriente que se mantuvo
relativamente estable en términos nominales.
En
octubre de 2002 se logró un 33% más de ingresos fiscales que en octubre
de 2001.
La
elaboración de un esquema monetario y financiero coherente es de vital
importancia para afianzar la estabilidad monetaria y cambiaria. También
lo es para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo
que evitará un default generalizado de Argentina con los organismos
internacionales y facilitará la reestructuración de la deuda externa de
nuestro país. En este sentido, el Banco Central está trabajando en la
dirección de implementar en el futuro una política monetaria basada en
metas de inflación, política que está siendo adoptada por un número
creciente de países, tanto industrializados como emergentes. Esta política
aumentará la credibilidad del Banco Central, ya que limitará su
discrecionalidad al tiempo que le permitirá responder de manera flexible
a shocks domésticos o externos, suavizando sus efectos sobre el ciclo
económico.
Con
el objetivo de recuperar el crecimiento económico de manera sostenible,
se requiere:
1.
Mantener la flotación del tipo de cambio y recuperar la libre
movilidad de capitales.
2.
Asegurar el equilibrio fiscal.
3.
Contar con un programa monetario con un anclaje nominal que asegure
la estabilidad monetaria.
Quiero
resaltar que el éxito de la política monetaria depende en gran medida
del grado de independencia que tenga el Banco Central para cumplir con los
objetivos que le impone su Carta Orgánica: preservar el valor de la
moneda. Independencia del Banco Central no debe implicar falta de
coordinación con las políticas del Gobierno Nacional sino mas bien que
el Banco Central pueda ejercer un control efectivo sobre los instrumentos
de política de que dispone para el logro de sus objetivos.
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